Los avances logrados en democracia frente a los temas de los de los pueblos originarios han sido persistentes pero lentos. Debemos continuar con la política de apoyo económico-social, educativa y de reconocimiento de su identidad cultural y enriquecimiento de la sociedad chilena. .
Esa política no debe alterarse, aún cuando existan situaciones críticas como las que hemos vivido hasta hace unos días con la huelga de hambre de cuatro jóvenes mapuches que hace poco ellos depusieron.
En relación a esto último, a mi juicio la aplicación de la Ley Antiterrorista excede los límites que corresponden a un campo como éste. En este caso ha habido violencia contra la propiedad, no hechos de sangre, y por tanto corresponde una sanción firme, como a cualquier chileno. Sin embargo, el concepto de terrorismo existente en las leyes chilenas deriva de los tiempos de dictadura, en que había una mirada al terrorismo vinculada a las crisis políticas internas, a la reacción contra el orden dictatorial establecido. Eso no corresponde a lo que se entiende hoy por terrorismo, con características de crímenes de sangre contra inocentes, sin racionalidad alguna. Es necesario entonces una revisión de esta Ley, y su no aplicación a futuro en situaciones derivadas de conflictos sociales o políticos internos.
Simultáneamente, la norma propuesta por los Senadores Girardi y Navarro respecto a otorgar al juez facultades para que conceda la libertad provisional en determinadas circunstancias o en ciertos tipos de delitos debe ser revisada. Estas dos iniciativas deben ser un avance en la legislación chilena respecto a este tema.
En la línea fundamental el Gobierno de Michelle Bachelet ha planteado, tal como lo han hecho los gobiernos anteriores de la Concertación, la necesidad de modificar la Constitución e incorporar características de pueblo a los pueblos originarios, que por imposición de la derecha en la actual Constitución, quedó en población indígena. Esto tiene connotaciones evidentes sobre la identidad de la cultura mapuche.
En el campo económico-social, de tierras, de aguas, de apoyo productivo, de créditos a la agricultura, es preciso mantener y fortalecer el esfuerzo de CONADI. Especialmente en el campo educativo, debemos dar un salto mayor en programas interculturales bilingües, y el mejoramiento de la calidad de la educación en zonas rurales habitadas mayormente por mapuches.
Tenemos entonces diversas iniciativas que se han ido desplegando en el campo económico-social - iniciadas en el excelente trabajo encabezado por el Presidente Aylwin durante el período del Presidente Lagos sobre los pueblos originarios- con políticas tendientes a la mejor integración en igualdad de oportunidades, que hoy no existen.
Sin duda, las iniciativas ya mencionadas – modificación a la Ley Antirrorista y proyecto de Ley de los Senadores Girardi y Navarro - son muy importantes, y debemos saber quienes están o no de acuerdo. Para seguir avanzando aun falta recoger opiniones e iniciativas de la sociedad sobre nuevas políticas socioeconómicas y culturales.

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